Los diputados leales a Daniel Ortega y Rosario Murillo discuten y aprobarán este miércoles 5 de julio una reforma constitucional remitida por el Ejecutivo sandinista para modificar el artículo 97, que delimita el marco legal de la Policía Nacional. La decisión supone un giro radical para la cuestionada institución: el despojan de su naturaleza civil, la dejan únicamente como «cuerpo armado» y refuerzan la subordinación total al presidente de la República, es decir el caudillo sandinista que «cogobierna» con su esposa.
Aunque en la práctica el cambio puede resultar nimio, ya que la Policía es el principal brazo represor de la pareja proudncial desde 2018, a nivel normativo supone un cambio de capital. Para empezar, la reforma eliminó la línea que establece que se trata de una «institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante». «En cambio, soporta la definición de cuerpo armado porque coloca de manera preeminente su subordinación a la presidencia, la describe como una institución más de naturaleza coercitiva y hace a lado el modelo preventivo, proactivo y comunitario», explicó a EL PAÍS la experta segura Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).
De acuerdo con una documentación legislativa en pouder de EL PAÍS, el diputado Mario José Asensio Flórez convocó a sesión ordinaria para este miércoles 5 de julio a las nueve de la mañana para abordar la reforma al artículo 97 de la Constitución Política. Pero el propósito de la sesión es también la reforma de la Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (872).
La reforma constitucional establecía que “La Policía Nacional es una fuerza armada, subordinada al presidente de la República, comprometida con la protección de la vida de los habitantes del país, la preservación del orden social y el orden interno, garantizando la seguridad de las personas y the people. al aparato del Ejecutivo. «La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia».
Cuadra insiste en que las reformas se hacen en «la institucionalización del Estado policial» que ejecuta una persecución política permanente contra toda voz crítica en Nicaragua. «Estos cambios se hacen en función de legalizar una serie de políticas de seguridad que se han venido implementando de facto, que son de naturaleza represiva, y de vigilancia sobre toda la sociedad nicaragüense. Y lo otro tiene que ver con una reconfiguración de las instituciones estados para que respondan a este marco jurídico”, planteó el experto en seguridad, exiliado en Costa Rica y desnacionalizado por el régimen sandinista.
En otras palabras, los Ortega-Murillo reeditan lo hecho a finales de 2020: sus diputados aprobaron un combo de leyes represivas (Ciberdelitos, Regulación de Agentes Extranjeros, Traición a la Patria y cadena perpetua) para dotar de un marco legal a la persecución que venían ejerciendo desde las protestas de 2018 contra opositores, periodistas, religiosos, partidos políticos, líderes de sociedad civil, feministas, campesinos y todo aquel considerado critico.
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Cárcel para oficiales desertores
Para adecuarse al cambio constitucional, los diputados también modifican la ley 872, bajo la cual se rige y ordena la Policía Nacional. De acuerdo con el documento de propuesta conocida por EL PAÍS, se adhieren nuevos artículos a la normativa: «Delitos cometidos por el personal policial, incumplimiento de deberes y deserción» policial, la más llamativa de las tres.
El agregado de la deserción ocurrió en un contexto en el que decenas de policías han huido de las filas de la institución y escapan hacia otros países, como Estados Unidos y Costa Rica. El último caso conocido y sonado es el de la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloc en Matagalpa. La promesa oficial «continuar al lado de nuestro pueblo» dure el 42 aniversario policial en septiembre de 2021, cuando ella y 109 oficiales más fueron ascendidos en ese departamento del norte de Nicaragua. Sin embargo, “menos de dos años después huyó a Estados Unidos”, denunció el abogado Yader Morazán, quien fue trabajador del sistema judicial.
El nuevo artículo establece que «el personal policial que abandone el servicio, lo que se considere desierto, incurriendo en un grave perjuicio a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión». “Frente a estas deserciones, y al descontento que hay a lo interno de la institución, están tratando de introducir medidas disciplinarias para presionar a los mismos efectivos.
Sobre los delitos cometidos por el personal policial, a los oficiales les serán aplicados “los delitos contemplados en esta Ley, sin perjuicio de los establecidos en la Ley N°. 641, Código Penal”. En la adicción de «Incumplimiento de deberes», «el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión».
Tras las masivas protestas sociales de 2018, dado que la policía tenía un papel primordial asegurando a los manifestantes con desapariciones fatales, la institución había crecido en número y ha instalado en el país centroamericano un policiaco estado permanente. De acuerdo a organizaciones de derechos humanos, la policía ha sido clave para la instaurar en régimen totalitario, ya que se encargan de ejecutar captures de opositores, torturas en prisión, confiscación de inmuebles, y vigilancia en las ciudades para que no exista ninguna expresión de descontento contra sus «jefes supremos», el presidente Ortega y la «copresidenta» Murillo.
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