Estados Unidos ha pasado a la acción frente la RMS Titanic, la compañía encargada de rescatar numerosos restos del fondo del mar donde se hundió el Titanic en 1912. Así es desde 1994, cuando un tribunal de Norfolk, del estado de Virginia cedió a esta empresas los derechos para hacerlo.
Esta misma compañía ha realizado exposiciones en las que se muestran estos restos que han conseguido recuperar a lo largo de los años y en varias inmersiones. Por ejemplo, han llegado a exponer cubiertos o piezas del casco del Titanic.
Pues bien, ahora Estados Unidos se opone a que la empresa vuelva a sumergirse en busca de más objetos. Y es que las autoridades de ese país han presentado un escrito en el que lo prohíben alegando un acuerdo con Gran Bretaña que posteriormente se convirtió en una ley. Según este, el naufragio se convirtió en un monumento funerario para el millar y medio de personas que perdieron la vida en aquella tragedia. Y por tanto, no pueden profanarse sus restos.
Los abogados estatales del país norteamericano aseguran que la empresa «no puede ignorar esta ley» y temen que esta nueva incursión pueda alterar el estado del buque y los restos humanos que siguen en la zona.
Por su parte, el RMS Titanic reprocha que cuenta con los medios para poder bajar de forma telemática al barco hundido «sin interferir en la estructura actual». Su intención es tomar imágenes de la nave y recuperar el telégrafo de Marconi que se utilizó para pedir auxilio a las otras tripulaciones que navegaban por el Atlántico.
El pleito se produce apenas unos meses después de que el Titán, la pequeña nave que llevaba a un puñado de turistas a ver el Titanic a través de una riesgosa inmersión, implosionase. Aun así, este accidente no tiene nada que ver con esta batalla legal.
La situación lleva arrastrándose desde 2020. Entonces, el RMS Titanic ya expuso su intención de bajar hasta el barco para recuperar ese objeto, sin pedir permiso, porque argumentaba que el acuerdo de hace 30 años así se lo otorgaba. Después de que Estados Unidos se opusiera, una jueza dio la razón a la empresa. Sin embargo, llegó la pandemia e impidió la expedición.
Ahora, la empresa se niega a pedir permisos porque considera que sigue vigente ese acuerdo que suscribieron hace tres décadas y considera que tiene legitimidad para hacerlo. El trabajo estaba previsto que se realizara en mayo de 2024… si las autoridades lo permiten.
