La Confederación General del Trabajo (CGT), principal organismo central de Argentina, convocó a una reunión este jueves para el 24 de enero. La Medida fue informada luego de que el Gobierno del ultrarechista Javier Milei enviara al Congreso un proyecto de ley que contiene más de 600 artículos que el órgano del poder legislativo atribuye a cuestiones económicas, fiscales, arancelarias y electorales, y criticara la protesta. La iniciativa del apoderado es otra de las acciones prioritarias que ha levantado el descontento social en el país durante las primeras semanas de la gestión ultrarechista en la Casa Rosada, como un plan de choque económico o un megadecreto que, entre otros centros médicos, flexibilice la legislación laboral y el sistema sanitario.
Héctor Daer, uno de los secretarios generales centrales, informó que la medida se decidió por unanimidad en respuesta al megadecreto de Milei, que la consideró “ilegal” e “inconstitucional”. “No hay necesidad ni urgencia de presentarse con tantos artículos que apuntan a la matriz administrativa de nuestro país”, indicó el sindicalista médico, que entra en vigor estos días. También se opuso al proyecto de ley con más de 600 artículos que el Congreso abordará en sesiones extraordinarias. «Allá ley general es exponencialmente más pequeño que el DNU”, afirmó. Pablo Moyano, el otro dirigente de la CGT, marcó el siguiente camino: “Vamos a estar en las calles. él [Milei] Votamos para que votemos por nuestros trabajadores para que votemos por quienes nos defienden”.
La campaña anunciada por la CGT prevé una movilización masiva en el Congreso Nacional, que también garantizará la seguridad de los sindicalistas. Los detalles se definirán en el pleno del 10 de enero. La marcha será un nuevo desafío al protocolo antiprotestas implementado por el gobierno. Los sindicatos lanzaron estos días una primera demostración de fuerza con una concentración en el centro de Buenos Aires para repudiar un megadecreto que anunció Milei con más de 300 reformas que destrozaron el Estado. La concentración reunió a más de 20.000 personas, según los organizadores, y fueron detenidas en el marco de un gran operativo de seguridad para controlar la marcha. En la concentración, los manifestantes exigen que los líderes sindicales pidan justicia. “¡Poné la fecha! », exclama desde las calles.
Mientras tanto, el gobierno de Milei, que celebró elecciones en noviembre con el 56% de los votos, presentó al Congreso una ley ómnibus, llámalo también por su extensión y temas variados. La iniciativa declara al país en situación de “emergencia pública” por dos años -ampliable a cuatro-, la presidencia de las facultades legislativas y cambiando de voz gran parte de la estructura política, social y económica de Argentina. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias del Congreso, incluirá la imposición de sanciones contra la protesta social y la forma de ley contra el protocolo antiprotestas que celebrará durante dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Milei afirma que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” es considerada una manifestación sancionable con hasta seis años de prisión si impide el libre tránsito o la prestación de servicios públicos. El texto anuncia que cualquier manifestación debe ser notificada con una notificación -incluidos los “agentes”- y el Ministerio de Seguridad puede oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quién es el responsable de los convocantes para facilitar su identificación en caso de sanciones penales comerciales. El proyecto de ley también introduce cambios en el Código Penal para ampliar el derecho de legítima defensa y dar respuesta al alcalde ante las fuerzas de seguridad.
El descontento social también se vio alimentado por el decreto de más de 5.000 empleados públicos bajo contrato durante el último año y las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la primera semana de gobierno. Por ello, el titular del Palacio de Hacienda presentó un decreto según el cual, entre otras cosas, se devaluaba la moneda nacional en un 50% y se preveía un monto de subsidios a la energía y al transporte que entrarían en vigor a partir de este año. Para la crítica situación económica de Argentina – donde la inflación supera el 160% y la pobreza el 40% – este es un ajuste brutal. Los sectores más vulnerables serán los primeros en sentir el impacto en las bolsas.
Las centrales sindicales no convocaban a una reunión desde 2019, durante el gobierno del conservador Mauricio Macri. Durante los cuatro años de gestión del peronista Alberto Fernández no se anunció que este tipo de problemas económicos estuvieran empeorando. Desde el ingreso de Milei a la Casa Rosada, los sindicalistas vienen midiendo el termómetro y han avanzado con cautela en las medidas al asegurar que consideran una “invasión” de derechos. En las últimas semanas hemos avanzado tres caminos contra las medidas del gobierno: presentar una medida de cautela contra el megadecreto de Milei, que fue solicitado por la Justicia; se reunirá con los legisladores en el Congreso y saldrá a las calles. La CGT finalmente pudo ver este día en la Huelga en un clima de conflictividad social creativa.
Suscríbete aquí para Boletin informativo de EL PAÍS América y recibe toda la información clave de la actualidad de la región.
