En el sur de Quito, la escasez de agua ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a más de 400.000 personas. La situación, considerada la más grave de las últimas dos décadas, se originó tras un deslizamiento de tierra en el páramo del Antisana, que dañó gravemente la infraestructura de distribución del recurso. Este evento natural ha dejado a seis zonas de la ciudad sin acceso regular a agua potable, obligando a los residentes a sobrevivir con repartos esporádicos y a recurrir a fuentes no potabilizadas.
Mientras las autoridades locales y nacionales debaten responsabilidades, los ciudadanos enfrentan una realidad marcada por largas filas, recipientes improvisados y una incertidumbre creciente sobre cuándo volverá la normalidad.
Sobrellevando la falta de agua: la rutina diaria en Chillogallo
En el sector de Chillogallo, ubicado al sur de la ciudad de Quito, la espera por el agua ha pasado a ser una costumbre diaria. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la acera con un balde vacío aguardando la llegada de un camión cisterna, comúnmente llamados tanqueros. Al igual que ella, muchos residentes se acercan con botellas, cazuelas e incluso cubos de basura para intentar obtener el preciado líquido.
Una gran cantidad de personas afectadas son ancianos que carecen de la energía necesaria para llevar el agua hasta sus residencias. “Estamos aquí en este frío desde temprano, sintiendo hambre. No contamos con agua ni siquiera para bañarnos”, comenta Erselinda Guilca, una pensionada notablemente fatigada. Las condiciones de espera, junto con la incertidumbre sobre la hora en que arribarán los camiones cisterna, han intensificado el descontento de la comunidad.
Acciones inadecuadas y manifestaciones de la ciudadanía
El Municipio de Quito ha desplegado 71 tanqueros, cinco hidrantes móviles y varios puntos fijos de distribución, pero estos recursos no han sido suficientes para cubrir la demanda. La distribución irregular y la escasa capacidad logística han provocado protestas en diferentes barrios. En Nueva Aurora, vecinos desesperados se han volcado a una vertiente natural no potabilizada para abastecerse, exponiéndose a riesgos sanitarios.
A falta de vehículos adecuados, algunos ciudadanos alquilan carretillas, coches improvisados o incluso utilizan fundas de basura para cargar el agua. Tomás Chiguano, un albañil afectado por la crisis, cuenta que su trabajo también se ha visto paralizado, ya que no hay agua para mezclar materiales básicos como cemento y arena.
Costos adicionales en medio del desabastecimiento
El impacto económico también ha sido una constante. Los residentes denuncian que deben pagar entre 2 y 5 dólares por transporte para poder acceder a los puntos de distribución. María Tipán, habitante de la zona, realiza hasta ocho viajes diarios para abastecerse. “No tenemos ni para lavar la ropita. Tengo nietitos que ensucian. Está saliendo muy cara el agua y nos cobrarán la plantilla completa de agua”, se lamenta.
Este costo extra golpea especialmente a las familias de bajos recursos, que deben elegir entre destinar dinero al agua o a otras necesidades básicas como alimentos y medicamentos.
Respuestas oficiales y tensiones institucionales
La gestión de la emergencia ha revelado profundas fracturas entre el gobierno local y el nacional. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, insiste en que más de 500 personas trabajan en la zona afectada para restablecer el servicio, desde el Gobierno central se ha cuestionado la falta de coordinación y transparencia en la respuesta municipal.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, fue designada para coordinar la asistencia en las zonas afectadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) anunció la instalación de plantas potabilizadoras móviles en varios puntos estratégicos, con el apoyo de la Cruz Roja. Sin embargo, la ministra de Energía y presidenta del COE, Inés Manzano, criticó duramente al Municipio por no presentar un plan de acción técnico ni establecer una comunicación efectiva.
Por su parte, el alcalde Muñoz denunció la ausencia de funcionarios del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y pidió una mayor colaboración institucional para superar la crisis.
Camino a la recuperación
Aunque las autoridades esperan restablecer el servicio de forma parcial en los próximos días, el daño estructural en la tubería principal ha retrasado las labores de reparación. Según el Municipio, ya se ha removido el 77% de la tierra acumulada en la zona del deslave, lo que permitiría comenzar con las pruebas de funcionamiento de la red en breve.
Mientras tanto, unidades de emergencia de otros cantones y provincias han comenzado a sumarse a las tareas de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha coordinado el envío de más tanqueros para apoyar en la atención a los barrios más afectados.
La crisis en Quito destaca no solo la fragilidad de las instalaciones de agua frente a eventos naturales, sino también la urgencia de tener una organización conjunta, efectiva y solidaria entre los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, la ciudadanía sigue soportando y ajustándose, mientras aguarda que el suministro de agua se restablezca normalmente.