El más alto entre los países desarrollados.

La mayoría de los países desarrollados han abolido el impuesto a los activos netos. Sin embargo, este impuesto sigue vigente en España, y la carga impositiva más alta puede llegar hasta el 3,5%. Entre los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuesto, aunque a tipos mucho más bajos que en España.

Según datos de la OCDE, el impuesto sobre el patrimonio en España es progresivo y oscila entre el 0,16% en Navarra y el 3,5% para activos superiores a 700.000€.

Además, en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto al patrimonio que oscila entre el 1,7% y el 3,5% para las personas físicas con patrimonio superior a tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes españoles con propiedades en el extranjero, mientras que las propiedades ubicadas en España están sujetas al impuesto incluso si el propietario no vive en el país.

En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para quienes tienen activos superiores a 150.000 euros, del 0,7% para los municipios y del 0,3% para el gobierno central. Para activos superiores a 1,74 millones de euros, el tipo baja al 1,1%. Los impuestos sobre el patrimonio en Suiza varían de un cantón a otro, oscilando entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplican tanto a activos nacionales como a ciertos activos extranjeros.

Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, los grandes patrimonios españoles realizan un mayor esfuerzo fiscal que sus homólogos suizos o noruegos. Esto se debe a que el PIB per cápita de Suiza es tres veces mayor que el de España y el PIB de Noruega es 2,5 veces mayor.

Los expertos creen que este tipo de impuestos son ineficaces, por lo que muchos países desarrollados han decidido abolirlos. Según la OCDE, en 2022 el impuesto sobre el patrimonio en España representó el 0,54% de los ingresos tributarios totales, lo que corresponde al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% de los ingresos fiscales totales, lo que corresponde al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos fiscales procedentes de este impuesto ascendieron al 4,35% del importe total, lo que corresponde al 1,19% del PIB.

Los expertos aseguran que estos impuestos generan pocos ingresos, elevados costes administrativos y fomentan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache explica en un artículo para el think tank Tax Foundation que estos impuestos son ineficaces por su mal diseño y sus elevados costes de implementación.

En 2021, el Tribunal Supremo holandés dictaminó que este tipo de impuesto viola la justicia europea. En España, la Comunidad de Madrid, Galicia y Andalucía recurrieron el “impuesto de solidaridad” de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional.

El llamado “impuesto transitorio de solidaridad”, que grava el patrimonio superior a tres millones de euros, se introdujo para compensar la supresión del impuesto sobre el patrimonio en algunas comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda, que preside María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.

En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía ajustaron sus propios impuestos sobre la propiedad, creando un impuesto regional que equilibra el impuesto estatal de solidaridad y ofrece una bonificación del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también elevaron el umbral de exención hasta los tres millones de euros, y Murcia hasta los 3,7 millones de euros.