La Corte Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años por crímenes de guerra. La sentencia contraviene la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue ordenada al Estado peruano mediante auto de prisión no sagrada. La resolución establece la “parte de competencia” de la CIDH para “ordenar directamente la no resolución de una orden judicial”. La semana pasada, el presidente de la Corte Constitucional, Francisco Morales Saravia, dijo al respecto: “La respuesta es si [procede la liberación de Fujimori], porque tenemos el resultado de nosotros es una declaración”. “Las sentencias de la Corte deben ser aplicadas y ejecutadas, de la misma manera que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en este caso prevalece la sentencia del Tribunal Constitucional”, agregó.
Fujimori recibió en diciembre de 2017 un indulto humanitario por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue rescindido en enero de 2018. Sin embargo, en marzo de 2022, el TC declaró que había fundado un hábeas corpus a su favor. La semana pasada, la máxima interpretación de la Constitución corrió a cargo del jugador Vicente Fernández Tapia. Sin embargo, Fernández resolvió no hacerlo efectivo. En la resolución de estas autoridades, la Corte Constitucional expresa su disconformidad con su decisión. “Llamar atendió seriamente la atención del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, señor Vicente Fernández Tapia, instándolo a ser más diligente y cumplir con sus deberes al momento de ejecutar las estimadas sentencias de hábeas corpus”.
Elio Riera, abogado de Fujimori, se pronunció contra el procesamiento penal de Barbadillo durante su visita a su país. “(Fujimori) hizo este mandato con mucha diversión y, por supuesto, recomendé esta última misión de viabilidad a funciones administrativas para su liberación. Ahora me dirijo al Instituto Nacional Penitenciario. Creo que la madre (miércoles) debería salir libremente. Y un día después”, dijo. Sobre las responsabilidades internacionales del Estado y una posible sanción por no respetar la orden de la CIDH, Riera aseguró: “Es un límite convencional. La Corte no debe decidir quién vende y quién no. Prima el Derecho de Soberanía. No, es decisivo. No hay ninguna vinculación”.
El abogado Franco García considera que, si se trata de un órgano de justicia supranacional, el exgerente volverá a prisión. “Si se acumula esta sentencia, la CIDH la anulará. No debemos proceder al indulto por violaciones graves de derechos humanos”. Jo-Marie Burt es la misma línea de opinión en las redes sociales de la experta en violencia política, Jo-Marie Burt: “Desde la oficina de Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) hemos expresado claramente nuestra oposición a la liberación de Alberto # Fujimori sin haber cumplido las condiciones elaboradas. por el Tribunal. La liberación del Estado del #Perú se extiende descaradamente a sus obligaciones internacionales”.
Como se sabe, Fujimori fue condensado en el autor intelectual de los años de Barrios Altos y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocido como La Cantuta. Gisela Ortiz, voz del colectivo bipartito del caso La Cantuta, lamenta el éxito: “Al igual que los familiares de las víctimas estamos convencidos de haber vivido diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento ciudadano del segundo período. Tenemos los derechos de la libertad inquebrantable de un delincuente. Se ha negociado el indulto de 2017. Decisión inaceptable”.
