La intensificada presión económica impulsó a los gobernadores de todas las provincias de Argentina a llevar a cabo una acción coordinada sin precedentes durante el presente gobierno presidencial. En una reunión crucial, los 24 líderes provinciales se unieron para solicitar una revisión en la distribución de los recursos nacionales y plantear medidas específicas que mitiguen la crisis económica que afectan a sus regiones. Esta inusual convergencia de intereses políticos, tanto del gobierno como de la oposición, subraya la seriedad de la situación y establece un precedente en las relaciones entre el Gobierno Nacional y las provincias.
El inicio de este acuerdo surgió de la inquietud común ante la disminución continua de los ingresos provinciales a partir de finales de 2023, causada por una mezcla de elementos como el ajuste fiscal a nivel nacional, la detención de proyectos públicos y la significativa reducción de transferencias no automáticas. De acuerdo con estimaciones de la provincia, desde noviembre de ese año hasta mayo de 2025, se dejó de recibir cerca de 30 billones de pesos. Esta cifra contempla pérdidas por coparticipación, fondos manejados a discreción y recursos no utilizados que solían asignarse a programas locales.
Ante esta situación, los gobernadores impulsaron una iniciativa legislativa para suprimir dos fondos fiduciarios financiados por el impuesto a los combustibles, originalmente destinados a proyectos de infraestructura. El objetivo es reasignar esos fondos hacia la masa coparticipable, permitiendo a las provincias decidir libremente su uso, sin las limitaciones establecidas por el gobierno central. Al mismo tiempo, se sugiere distribuir equitativamente el excedente de los Aportes del Tesoro Nacional, que actualmente gestiona el Ejecutivo, siguiendo criterios similares a los de la coparticipación primaria y secundaria.
Un argumento central de los gobernantes es que no están pidiendo más dinero, sino simplemente la recuperación de lo que les pertenece. Argumentan que estos recursos ayudarían a equilibrar las finanzas provinciales sin comprometer el superávit fiscal que el gobierno nacional ha establecido como prioritario. También destacan que, si el discurso oficial ha indicado que los fondos fiduciarios son instrumentos ineficientes o manipulables políticamente, no hay motivos para oponerse a su eliminación.
La movida despertó reacciones en la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo se anticipó que se presentará una contrapropuesta, siempre bajo la condición de no alterar el equilibrio fiscal. No obstante, se remarcó que los fondos fiduciarios tienen un objetivo específico —el mantenimiento de rutas nacionales— y que su eliminación debería garantizar que esos recursos no se desvíen de su finalidad original.
El conflicto entre Nación y provincias no es algo reciente. Hace algunas semanas, la deducción de una porción de la coparticipación a Chubut provocó una serie de quejas a nivel regional e inició procesos judiciales. Esta provincia del sur obtuvo el apoyo de otras regiones, formando un bloque unido que se traduce ahora en esta nueva propuesta legal. La disputa alcanzó un nivel tal que involucró acusaciones penales de un lado al otro, mostrando la intensificación del enfrentamiento entre el federalismo de las provincias y el centralismo en temas fiscales.
El Consejo Federal de Inversiones funcionó como articulador de los encuentros y el diseño del proyecto. En las mesas de trabajo, los gobernadores acordaron avanzar de forma institucional y coordinada. El consenso alcanzado refleja no solo una respuesta a una coyuntura económica asfixiante, sino también una señal política clara: el federalismo exige una redefinición del vínculo financiero con el Estado nacional.
Por encima de la situación actual, la propuesta genera preguntas sobre la distribución del poder entre las provincias y el gobierno nacional. La habilidad de los gobernadores para coordinar demandas conjuntas y progresar en iniciativas legislativas unificadas podría señalar el comienzo de un período donde las provincias asuman un papel más importante en la política nacional. El gobierno central, a su vez, tendrá que optar entre ceder ante esta presión en conjunto o fortalecer su enfoque en la gestión del presupuesto.
En un escenario de debilitamiento institucional y fatiga política, este avance federalista inicia una fase renovada de diálogos, desafíos y cambios. El desenlace de este conflicto será crucial para establecer el futuro del nexo entre el gobierno central y los gobiernos regionales, además de evaluar en qué medida se puede conservar el equilibrio fiscal sin ignorar las necesidades sociales y económicas internas del país.