Foment pide al nuevo Gobierno que aporte estabilidad para el retorno de sedes empresariales a Cataluña

Visión de largo plazo y reformas con diálogo y consenso para afrontar los retos económicos y sociales. Es lo que pide la patronal catalana Foment del Treball a través de un decálogo que ha hecho público este lunes y que repasa los desafíos a los que debe dar respuesta el nuevo Gobierno en la próxima legislatura, empezando por que «los poderes públicos favorezcan la creación de un clima de seguridad y de certeza para que el país tenga estabilidad social y económica».
«Es necesario contar con un gobierno sólido que garantice firmeza y credibilidad. Lograr esta estabilidad es deseable para la cohesión social y también para conseguir el retorno de empresas catalanas que cambiaron su sede en el 2017«, esgrime el documento.
Mientras persiste la incertidumbre sobre si son factibles los apoyos políticos suficientes para la investidura de un nuevo presidente español, Foment recuerda que la Unión Europea en su conjunto, y España en particular, ven cómo se va retardando el crecimiento económico y por tanto las expectativas de una coyuntura favorable se van diluyendo.
La entidad presidida por Josep Sánchez Llibre insiste en su defensa de la figura del empresario y la aportación social de la empresa: «El Gobierno tiene la responsabilidad de poner en valor la aportación de las empresas, que son las que crean puestos de trabajo y facilitan la justa distribución de la riqueza».
En este sentido, lamenta que «estos últimos tiempos hemos visto cómo se producían ataques injustificados a empresarios destacados, ninguneando injustamente las importantes acciones que han hecho en favor de la cohesión social».
Foment también insiste en que es «imprescindible una fiscalidad competitiva» al servicio de la inversión productiva, los procesos de fusión de empresas para ganar tamaño (ya que la medida mediana de la empresa española está por debajo de la media europea) y la creación de empleo, eliminando impuestos como el del patrimonio o el de grandes fortunas, inexistentes en otros países de la UE.
Sobre este punto, recuerda su lamento de que en España «la fiscalidad se ha convertido esencialmente en un instrumento para cuadrar las cuentas públicas».
La patronal prosigue con su decálogo solicitando «un gran acuerdo en las Cortes Generales que defina un plan de inversiones en infraestructuras que genere certezas y fije prioridades», y en materia educativa revertir el fracaso escolar, muy superior a la media europea, y «mejorar decididamente» la adecuación de la Formación Profesional a las necesidades reales de la producción.
Asimismo, Foment incide en la necesidad de una respuesta urgente de las administraciones públicas a las dificultades de acceso a la vivienda, en vez de «trasladar la responsabilidad» al sector privado: «Se deben hacer propuestas viables y realistas, y no leyes excesivamente ideológicas que no solucionan, más bien empeoran, la situación», en referencia a la nueva Ley de Vivienda.
Otra tarea que la patronal considera «inaplazable» para las administraciones es la modernización del sector público, para mejorar su eficiencia eliminando «gastos inútiles» y para «evitar duplicidades y trámites absurdos». En esta línea, aboga por profundizar más en la colaboración público-privada y en mejorar la gestión de los fondos europeos Next Generation «para que lleguen a tiempo a las empresas, y gestionarlos con total transparencia».
El documento se completa con la defensa de objetivos para la transición energética «acompasados con las posibilidades reales de las empresas», y con el rechazo a mantener el incremento del gasto en pensiones «elevando constantemente las cotizaciones sociales de las empresas, de las más altas de Europa y que son un verdadero impuesto a la creación y mantenimiento del empleo».
Foment concluye con la reivindicación de una política industrial fuerte que facilite la instalación, creación y desarrollo de la actividad industrial y potencie su peso en la economía.
Para más concreción, la patronal recuerda las 370 medidas que aprobó en junta directiva a principios de julio para articular una Agenda Económica y Social ante las elecciones generales celebradas a finales de dicho mes.