La UGT se compromete a luchar por los derechos laborales tras el despido

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que sus servicios jurídicos tramitarán todos los casos de despido «tribunal por tribunal» para garantizar la aplicación de una resolución de la Comisión Europea de Derechos Sociales, que rechazó la próxima legislación española sobre despidos. Esta decisión fue calificada por la organización como «histórica y justa».

José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, destacó la importancia de la decisión del organismo europeo que supervisa el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Sociales, firmada por España en 1996. A pesar de la firma, la ratificación total no se logró hasta 2021.

El comité, cuyo dictamen detallado se publicará el próximo mes, considera que la legislación española, reformada en 2012, no compensa adecuadamente a los trabajadores despedidos sin motivo y no tiene un efecto disuasorio suficiente.

Arceiz criticó el sistema retributivo español, que exige 33 días de salario por año trabajado, señalando que tiene «lagunas importantes» en términos de flexibilidad y disuasión. Según él, esto permite la «previsibilidad» de los despidos injustificados, ya que el importe de la indemnización puede calcularse con antelación, lo que no disuade a los empresarios de realizar despidos.

El portavoz de UGT también señaló que ha pasado demasiado tiempo desde el despido de un empleado hasta que se resuelve su caso, lo que ha repercutido en la recuperación de los salarios desde la reforma laboral de 2012.

Es un tema de debate si la decisión de la comisión es vinculante para el Estado español. Mientras el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, lo calificó de «consultivo», Arceiz defendió su compromiso argumentando que el Gobierno no puede ignorar los compromisos internacionales.

Arceiz instó al gobierno a reformar urgentemente las leyes laborales, pidiendo ajustes que permitan a los tribunales adaptar la compensación al «daño genuino» sufrido por los trabajadores. También recomendó la abolición de los límites de compensación, el fomento del regreso al trabajo y una mediación judicial más rápida para la recuperación salarial.