Trump, imputado por sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020 | Internacional

La era de Donald Trump se ha adentrado este martes en un inexplorado territorio, uno más, con la imputación del expresidente republicano por parte de un gran jurado de Washington, que ha investigado sus intentos de revertir, apoyado en un supuesto fraude, los resultados legítimos de las elecciones de noviembre de 2020, lo que culminó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por una horda de seguidores. El candidato republicano deberá comparecer en un tribunal federal de Washington este jueves a las cuatro de la tarde para la lectura de los cargos.

Se trata de su tercera imputación, tras los arrestos de abril en Nueva York en el caso Stormy Daniels, que investiga el pago de dinero negro para acallar a una actriz porno por una relación extramatrimonial, y el de junio en Miami, donde se presentó ante el juez para responder sobre el manejo de centenares de cajas de documentos confidenciales que se llevó sin permiso de la Casa Blanca, cuando dejó a regañadientes el cargo. Los retuvo en su mansión de Mar-a-Lago, pese a los reiterados reclamos de las autoridades. Al menos 31 de esos documentos clasificados atañen a la seguridad nacional.

Pero la gravedad de los hechos que se le imputan, en un año de vértigo judicial para Trump, supera incluso las dos acusaciones anteriores. Nada menos que asaltar los fundamentos de la democracia, en la institución que la representa, en un enloquecido y finalmente fallido esfuerzo por aferrarse al poder. El mal perder del republicano le cegó hasta el punto de conspirar para defraudar al Gobierno de Estados Unidos que una vez dirigió, de mentir repetidamente sobre los resultados de las elecciones, desoyendo las reiteradas insinuaciones de algunos ayudantes para que dijera la verdad, pero mientras conspirando con otros para tratar de cambiar fraudulentamente los votos a su favor. El día de la asonada, en fin, intentó “explotar” el caos presionando para retrasar la certificación de los resultados de las elecciones.

Si en la causa abierta contra él en Florida está acusado de 37 delitos, esta vez Donald Trump ha encajado cuatro cargos: conspiración para defraudar a EE UU, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, manipulación de testigos y conspiración contra los derechos de los ciudadanos. La investigación se la encargó el Departamento de Justicia a Jack Smith, fiscal especial que también está llevando el caso de los papeles confidenciales.

Las afirmaciones de Trump de haber ganado las elecciones, dice la acusación, eran “falsas, y el acusado sabía que eran falsas. Pero el acusado las repitió y las difundió ampliamente de todos modos -para hacer que sus afirmaciones conscientemente falsas parecieran legítimas, para crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y para erosionar la fe pública en la administración de las elecciones”. Una conclusión parecida a la que alcanzó el comité especial del Congreso, formado por legisladores de los dos partidos, que le investigó por el asalto al Capitolio, al convenir que con su actitud Trump puso al país al borde de un golpe de Estado.

En la investigación, y el gran jurado convocado por él, Smith se han centrado en los actos de Trump durante los 67 días transcurridos entre las elecciones que dieron el triunfo a Joe Biden, y el 6 de enero de 2021, cuando citó a miles de sus simpatizantes a un mitin en Washington ―”Estad allí. ¡Será salvaje!”, los exhortó en Twitter―. También les dijo que lucharan “como el demonio”. Lo que sucedió después forma parte de la historia de la infamia de la democracia estadounidense: unos 2.500 de sus seguidores asaltaron el Capitolio, donde ese día se estaba certificando el triunfo electoral de Biden en una sesión conjunta del Congreso y el Senado, un trámite que siempre se había desarrollado pacíficamente, y que esta vez dirigía el vicepresidente Mike Pence, al que su jefe trató de presionar sin éxito para que no diera por bueno el triunfo demócrata, pese a que no estaba en su mano hacerlo. La turba avanzó hacia el Parlamento al grito de “¡colguemos a Mike Pence!”.

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Cinco personas murieron aquel día y más de 150 policías resultaron heridos. Un tribunal federal en Washington lleva desde entonces el peso de enjuiciar a los participantes, como parte de la “causa judicial más grande de la historia del Departamento de Justicia”, como la ha definido el fiscal general, Merrick Garland. Ya hay más de un millar de procesados y el caso está lejos de estar cerrado.

El comité especial del Congreso ya le había investigado durante 18 meses, un trabajo del que el gran jurado de Washington se ha beneficiado especialmente. Entrevistaron a un millar de testigos y examinaron unos 100.000 documentos. Las conclusiones las presentaron en una serie de audiencias televisadas desde el Capitolio. El fruto de ese trabajo fue un informe de 814 páginas que concluía con la recomendación unánime de que no se dejara a Trump volver a presentarse a ningún cargo público, y que se lo juzgara por cuatro delitos: incitación a una insurrección, conspiración para emitir un falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso.

El encausamiento de Trump, quien fue sometido a los pocos días del 6 de enero a un impeachment, el segundo juicio político de su presidencia, se ha hecho esperar 32 meses. El mismo acusado lo hizo notar la semana pasada, cuando vinculó el hecho de que hayan pasado más de dos años y que la imputación llegue precisamente ahora con la certeza de que lidera con holgura las encuestas para ser el elegido como candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024. Es la prueba, sostiene, de que tanta imputación es la manera en la que la Administración de Biden está tratando de empujar fuera de la carrera al rival más complicado para el presidente, que aspira a la reválida el año que viene.

“Caza de brujas”

Trump habla de “caza de brujas” y de “interferencia electoral”, al tiempo que emplea un tono mesiánico al decir a sus simpatizantes que en realidad la “instrumentalización política” de instituciones como el FBI o el Departamento de Justicia tiene como objetivo último a sus votantes, y que él solo se limita a interponerse entre ellos y sus inquisidores. “He oído que el degenerado de Jack Smith, con la finalidad de interferir en las elecciones de 2024, presentará una acusación fake contra vuestro presidente favorito, yo”, ha publicado este martes en redes sociales. “¿Por qué no lo hizo hace 2,5 años? ¿Por qué ha esperado tanto? Porque quieren hacerlo en medio de mi campaña”, ha agregado. Lo cierto es que todos los líos judiciales que tiene abiertos interferirán en la campaña. La fecha del inicio del juicio por el pago a Daniels está fijada para marzo de 2024, dos meses después de que arranque en Iowa el proceso de las primarias. La jueza de los papeles de Mar-a-Lago, Aileen M. Cannon, estableció el comienzo de ese proceso para el 20 de mayo. No se descarta que ambas fechas sufran cambios, y que los abogados del expresidente, que intentaron retrasarlo todo hasta después de las elecciones, traten de dilatar los tiempos en lo posible.

Como en ocasiones anteriores, la inminencia de la imputación la aireó el propio expresidente en su red social Truth el 18 de julio, cuando dijo que había recibido una carta de Smith en la que le notificaba que lo estaban investigando por el asalto al Capitolio. Smith y el gran jurado continuaron, pese al ruido generado por Trump, con sus pesquisas. Han estado convocando a personas de su entorno para interrogarlas hasta el último minuto, y el lunes la CNN informó de que habían recibido unas 1.000 páginas de documentos que aún no habían tenido oportunidad de revisar. La cadena de noticias también contó que la investigación se había ampliado a una reunión que hubo tan pronto como en febrero de 2020 en la Casa Blanca para poner en marcha el plan de descrédito de las elecciones de ese noviembre, por supuestas irregularidades en las máquinas de recuento electoral y en el voto por adelantado, que se amplió debido a la pandemia.

Trump tiene otro frente judicial pendiente, que podría materializarse, según la fiscal que lleva el caso, la demócrata Fani T. Willis, tan pronto como durante el mes de agosto. Es una investigación, en este caso a cargo de un gran jurado especial, por las supuestas maniobras que junto a su equipo llevó a cabo para manipular el resultado de las elecciones de 2020 en Georgia. La investigación comenzó en febrero de 2021 y tiene como una de sus piedras de toque la llamada que Trump hizo al fiscal general del Estado sureño, Brad Raffensperger, para exigirle que buscara 11.780 votos, uno más de la diferencia que Biden le sacó en Georgia. Un juez rechazó hace unos días la pretensión de Trump de recusar a la fiscal del caso.

El juicio de Atlanta, que supondría su cuarta imputación, se diferencia de los anteriores en que en este Trump podría estar acompañado en el banquillo hasta por 20 personas de su círculo, que han recibido evidencias de que se está estudiando su procesamiento. Entre ellos, hay sospechosos habituales como Rudy Giuliani, abogado del expresidente y exalcalde de Nueva York; Mark Meadows, su exjefe de Gabinete, o John Eastman, presunto cerebro legal tras sus intentos de mantenerse en el poder.

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